Los radicales y la gobernabilidad

Aunque el ex gobernador bonaerense Felipe Solá es un político moderado y no hay motivos para cuestionar su compromiso con el sistema democrático, le resultó imposible resistirse a la tentación de intentar hundir a "Ricardito" Alfonsín señalando que, en su opinión por lo menos, "el radicalismo no está en condiciones para gobernar el país". Puesto que, desde llegar a su fin el sexenio del presidente Marcelo Torcuato de Alvear en octubre de 1928, ningún gobierno radical ha logrado sobrevivir hasta la fecha fijada por el calendario constitucional, la afirmación de Solá puede considerarse realista, pero así y todo entraña un mensaje amenazador. Si bien no cabe duda de que los gobiernos encabezados por Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa cometieron muchos errores, fueron menores en comparación con los perpetrados por sus rivales peronistas o por los regímenes militares. Sin embargo, Alfonsín tuvo que adelantar la entrega de poder a su sucesor peronista, Carlos Menem, y, luego de concretarse lo que algunos han calificado de un "golpe civil", De la Rúa se vio constreñido a permitir que los peronistas decidieran cuál de ellos se instalaría en la Casa Rosada. En resumen, si nuestra historia reciente nos enseña algo, es que la presunta incapacidad radical para gobernar puede atribuirse en buena medida a la falta de escrúpulos de sus adversarios peronistas que, en vez de cerrar filas en torno a la institucionalidad, han aprovechado todas las oportunidades para debilitarla haciendo gala de su notable "vocación de poder".

Cuando un líder peronista habla de lo importante que es asegurar la "gobernabilidad", pues, insinúa que la Argentina tendrá que resignarse a ser gobernada por el caudillo de turno del movimiento en que milita porque de lo contrario le aguardará una etapa sumamente agitada, una en que cualquier crisis económica provocaría una ofensiva sindical brutal acompañada, tal vez, por saqueos organizados en el conurbano bonaerense. Como a esta altura Solá debería entender, el que haya dudas legítimas sobre la capacidad para gobernar del radicalismo y, huelga decirlo, de la Coalición Cívica, PRO, Proyecto Sur, etcétera, significa que la democracia aún dista de haberse consolidado en nuestro país. La asignatura pendiente así supuesta plantea un desafío no sólo a los radicales, integrantes de un movimiento que a menudo se aferra a "doctrinas" que podrían poseer méritos teóricos pero son inapropiadas para un partido de gobierno, sino también a todos los demás miembros de la clase política nacional.

Para aprobar dicha asignatura, sería necesario que los sinceramente consustanciados con la democracia, como, según parece, está la mayoría de los peronistas "disidentes", firmen un pacto de gobernabilidad que los comprometa a apoyar, en el caso de que estalle una crisis del tipo al que nos hemos acostumbrado, a cualquier gobierno genuinamente democrático, aun cuando sea de otro signo político, para impedir que comparta el destino del liderado por De la Rúa, y que realmente tomen en serio sus promesas en tal sentido. El ex presidente interino Duhalde parece ser consciente de que, a menos que el grueso de la clase política aprenda a respetar las reglas básicas de la democracia, el país seguirá oscilando entre gobiernos principistas demasiado débiles y otros que sean excesivamente autoritarios y, como suele suceder, muy pero muy corruptos por suponer que su "hegemonía" durará para siempre. En vista de que tal y como están las cosas es factible que el próximo gobierno no sea peronista, convendría que Solá y otros aspirantes a suceder a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepararan para desempeñar el papel del opositor responsable que esté dispuesto a subordinar sus propias ambiciones al bienestar del conjunto. Al fin y al cabo, si un peronista "disidente" triunfa en las elecciones presidenciales del año que viene, no tendría que preocuparse por una eventual conspiración radical destinada a derrocarlo, ya que sabría muy bien que hoy en día ni los radicales ni la gente de otras agrupaciones, como Coalición Cívica y PRO, se caracterizan por una "vocación de poder" tan voraz que estarían dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo inconstitucional para poner fin cuanto antes a la gestión de un mandatario procedente de otro movimiento político.